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Informan situación legal ante contratos leoninos de concesionarias

Nos enfrentamos a un trato procesal desigual: Magali Casillas

miércoles, 28 de diciembre de 2022

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 26, celebrada el 23 de diciembre del año en curso, la síndica municipal, Magali Casillas Contreras, informó al pleno del cabildo la situación actual que guarda las concesiones de los servicios de recolección de basura y alumbrado público en el municipio de Zapotlán el Grande. 


Durante la lectura del punto informativo, la funcionaria hizo hincapié en la inconformidad que se tiene como gobierno municipal ante el deficiente desempeño de las concesionarias privadas que se encargan de proveer el alumbrado público y, de manera en especial, con la empresa de la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, dado el crecimiento exponencial de su incumplimiento.

Compartió que al igual que a quienes conforman la Administración Pública, gran parte de la población, incluyendo escuelas, negocios, comercios también experimentan esa situación. La servidora municipal se mostró empática con el sentimiento de enojo de la ciudadanía ante la deficiente prestación del servicio público de recolección de basura, ya que la concesionaria incumple un día y al siguiente también. 

Magali Casillas externó que, debido a que un sector de la sociedad cree que la deficiencia en la prestación del servicio público de recolección es responsabilidad de las autoridades municipales, se vuelve necesario informar tanto al cuerpo de regidores como a la población en general las acciones que se han hecho para resolver esta situación. 

Señaló que, desde el inicio de la actual administración, para prever un colapso en el sistema de recolección de basura, el Presidente Municipal instruyó a la Coordinación General de Servicios Públicos para que todos los días realice una inspección en calles, parques, avenidas y puntos críticos y en caso de ser necesario, se exija a SEOS que de manera inmediata cumpla cabalmente con la prestación del servicio público que le fue encomendado. 

Sin embargo, “dada la insuficiencia de camiones de recolección, la falta de mantenimiento adecuado y la falta de personal, dicha empresa se ve rebasada para cumplir cabalmente con sus obligaciones contractuales”, indicó la síndica municipal, quien agregó que el campo jurídico existe una situación compleja, ya que de primero se sabía que el otorgamiento de las concesiones fue irregular.

“También sabíamos que a SEOS se le entregaron alrededor de 4 hectáreas de terreno para la operación del relleno sanitario, sabíamos que los 4 camiones para la recolección de basura que compró el Ayuntamiento en el 2017, el mismo año en el que se le concesionó a la empresa mercantil dicho servicio público, le fueron entregados a la concesionaria, prácticamente nuevos y a un precio irrisorio”.

Pero lo que no se sabía y que nadie informó, fue que las dos concesionarias habían demandado al Municipio por la nulidad de actos realizados, de manera hipotética, por las autoridades municipales que gobernaban en aquel tiempo, y que la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa había concedido suspensiones y medidas cautelares en favor de las empresas que a la fecha han estado ampliando las demandas. 

“Después de que el 13 de septiembre de 2022, esta Administración Pública presentó demanda de Lesividad en contra de SEOS, de la cual me reservaré de momento a fin de preservar su trámite. Pero aún y cuando no se le ha corrido traslado a la concesionaria de esta demanda, de manera inaudita, el propietario de SEOS manifestó públicamente que ya la contestaron y que se está defendiendo; solo para que se den cuenta el nivel de injerencia que tienen en el Tribunal”.

Contreras Casillas explicó que se han interpuesto los recursos necesarios en contra de la ampliación de demanda y del incidente de suspensión. “Dichos recursos deberían haberse elevado por la Sexta Sala, a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, para que ésta resuelva en definitiva las cuestiones debatidas, y a la fecha presente no lo ha hecho”. 

“Desde luego no nos quedamos inactivos con la omisión de la Sexta Sala, sino que nos encontramos en curso con diversos trámites tendentes a impulsar la prosecución de los procedimientos, los cuales me reservaré para no entorpecer dichas acciones”, dijo Magali Contreras. 

Pero el pasado el 14 de octubre del año 2022, la Sexta Sala dictó Sentencia Interlocutoria respecto del incidente de suspensión y se le concedió a la empresa SEOS la suspensión definitiva, que ordena a las autoridades municipales se abstengan de rescindir, nulificar, cancelar, revocar y/o terminar de manera anticipada los contratos para continuar prestando mantenimiento y operación del servicio de alumbrado público, así como el servicio público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial en el municipio. 

Ante esto, y para dar respuesta a quienes han pensado porque simplemente el Ayuntamiento no revoca la concesión y toma las riendas del servicio público, la funcionaria explicó que existen principios de derecho que no se pueden pasar por alto, ni por encima de los particulares, tal como es su derecho de audiencia y defensa.

“De ahí que cualquier acción que emprenda el Municipio, por ejemplo, la revocación, se trataría de un acto unilateral que seguramente sería atacado por la concesionaria, demandando la nulidad del acto administrativo con el consecuente reclamo de pago de daños y perjuicios, cuyo riesgo implicaría pagar a la concesionaria una cifra con muchos ceros. Es cierto, sólo se trata de un riesgo, pero no someteremos a ese riesgo a las finanzas del Municipio”. 


“Tenemos plena confianza, no obstante que todo litigio tiene pronóstico reservado, de que nos encontramos en el camino correcto para tratar de restituir al Municipio el servicio público concesionado, pero quiero dejar bien claro que no sólo nos enfrentamos a los interese de las concesionarias, sino también al trato procesal desigual, por así decirlo, por parte de las autoridades jurisdiccionales que conocen del asunto, dado que la administración de justicia es pronta y expedita para el particular concesionario, en tanto que para el ente público no se vislumbra con claridad”, concluyó. 

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